Las provincias representan, aproximadamente, el 36% del gasto público consolidado. Pero como tienen a su cargo los principales servicios públicos (educación, salud, seguridad), con lo cual los distritos subnacionales generan el 66% del empleo público total del país. Según datos del Ministerio de Hacienda de la Nación, en 2004 las provincias tenían contratados 1,4 millones de empleados, lo cual equivalía a 37 empleados por cada 1.000 habitantes.
Pero en 2015, la situación se alteró: el empleo público provincial ascendió a 2,2 millones, lo cual equivalió a 51 empleados por cada 1.000 habitantes. En un informe reciente, el Instituto para el Desarrollo Social Argentina (Idesa) sostuvo que en una década el empleo público generado por las provincias aumentó el 36% por encima de lo que creció la población.
“Los datos muestran la masividad con la que se incorporaron empleados públicos en las provincias. Si el aumento hubiese sido al mismo ritmo que crece la población se deberían haber contratado 600.000 trabajadores menos. Hoy, con las nuevas tecnologías, dar más y mejores servicios públicos no necesariamente requiere contratar más empleados”, analizaron los investigadores de Idesa, que dirige el economista, Jorge Colina.
Bajar impuestos
El estudio señaló la necesidad de que las provincias ejerciten la austeridad y que apliquen reformas en la gestión de los recursos humanos. Por otro lado, Idesa remarcó en la necesidad de que las provincias reduzcan su presión impositiva, mediante la erradicación de tributos distorsivos para las actividades económicas. “Eliminar impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos y Sellos, es imprescindible para recuperar crecimiento. Pero es imposible que lo hagan sin una gestión más cuidadosa de los recursos humanos”, observó Idesa en su estudio sectorial.
En otro orden, el organismo afirmó que para lograr que el empleo público provincial ajuste su crecimiento al ritmo de la población hay que congelar la situación actual. “La mayoría de las provincias convalida y sostiene altos niveles de sobreempleo público. Esto impide el ordenamiento de las finanzas públicas”, recomendó Idesa.
El Estado nacional y las provincias firmaron un acuerdo para un avanzar hacia nuevo Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno. Se trata de un acta de intención en la cual se estipulan reglas para lograr el equilibrio fiscal y reducir impuestos.
“Sería recomendable que en el debate parlamentario sobre este acuerdo se asuma un planteo más coherente para que las provincias y la Nación no aumenten su planta de personal. Es decir, que los desafíos de dar más y mejores servicios públicos se cubran con tecnología”, insistió Idesa. Por último, proyectó que en aproximadamente 43 años las provincias podrían volver al mismo nivel de empleo público por habitante de la década pasada. “Para eso hace falta complementar con un paquete integral de reformas estructurales de manera que el crecimiento de la economía relaje la carga que significa para la población mantener los gastos del Estado”, concluyó Idesa.